Tanto si no se ha producido aún la reclamación de la deuda en vía judicial como si ya se ha interpuesto una demanda intentamos un acuerdo entre las partes (siempre que el cliente lo considere conveniente tras nuestro asesoramiento) que evite la necesidad de la reclamación judicial o que la paralice, en caso de haberse iniciado ya.

Estudiamos e interponemos las correspondientes demandas judiciales en nombre del cliente (o contestamos las interpuestas contra él), asesorando al cliente sobre los diferentes procedimiento a seguir (civiles, penales o en su caso administrativos) y su viabilidad y realizamos el seguimiento de todo el procedimiento judicial y sus recursos e incidentes, incluyendo la proposición y práctica de la prueba que sea necesaria, la celebración de vistas de juicio, la redacción y presentación de escritos y demás acciones necesarias.

Realizamos en nombre de nuestros clientes la ejecución de las sentencias (o la defensa en caso de tratarse de un cliente ejecutado), incluyendo todo tipo de acciones legales que sean necesarias para el cobro, como son los embargos, las subastas, etc.

En caso de producirse en el cliente (persona física o sociedad civil o mercantil) una situación de insolvencia que haga necesario evitar su responsabilidad económica o rehabilitarle tras su insolvencia ya reconocida, realizamos los procesos necesarios para que en el futuro pueda continuar con su actividad económica dentro de la mayor normalidad posible, como son el concurso de acreedores o la aplicación de la Ley de segunda oportunidad, interponiendo las demandas y demás acciones necesarias, resolviendo los incidentes que se planteen, realizando en su caso la liquidación de su patrimonio de forma ordenada y obteniendo las resoluciones que hagan posible un futuro de normalidad en la situación económica del cliente.